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Curiosidades de una reforma laboral amplia que terminó ultra reducida, con Santiago Caputo como nexo oculto con la CGT

Javier Milei, Santiago Caputo, Héctor Daer 1920
Javier Milei, Santiago Caputo y Héctor Daer

Sorpresivamente, la motosierra recortó también la propuesta de modernización laboral del Gobierno: de 58 artículos que tenía en el borrador de la Ley Bases quedó en 16. De aquel contenido del DNU 70 sólo se preservó un puñado de medidas dirigidas a generar empleo. El poder sindical celebra: no quedó nada que lo inquiete ni amenace al viejo modelo acuñado por Juan Domingo Perón. “Retrocedieron en chancletas”, graficó el viraje de la Casa Rosada un dirigente que lleva décadas en su mismo sillón. ¿Alcanzará el gesto gubernamental para levantar el próximo paro de la CGT?

La frenética jornada de este miércoles, como anticipó Infobae, no sólo incluyó la rebelión de diputados como Miguel Ángel Pichetto al capítulo laboral de la Ley Bases: también se produjo una larga y reservada charla entre líderes de la CGT y el influyente asesor presidencial Santiago Caputo. Fue el mismo funcionario que cuando el Gobierno recibió por primera vez a una delegación cegetista tomó la palabra para pedirles disculpas por la falta de diálogo y por los vaivenes del DNU. Desde ese encuentro, hace 15 días, Caputo se convirtió en un secreto interlocutor oficial con los gremialistas.

¿El contacto entre el asesor más cercano de Javier Milei y la CGT detonó el drástico cambio que sufrió la reforma laboral libertaria? “Sólo reflexionamos en conjunto. Fue una charla de razonamiento”, definió a Infobae un dirigente que participó de la reunión. Pero lo concreto es que luego de ese encuentro el Gobierno retrocedió para presentar una modernización laboral light, que el plenario de comisiones de Diputados aprobó este jueves dentro del dictamen de la Ley Bases, con un aporte decisivo de Miguel Ángel Pichetto, convertido en el mejor operador político que tuvo la CGT en los últimos tiempos, para quitar otro artículo “antisindical” que sancionaba los bloqueos a las empresas.

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El Gobierno se comprometió con la CGT a consensuar la reforma laboral, pero directamente la cambió a medida del poder sindical

“Nada que afecte a la CGT”, fue la consigna enarbolada por Pichetto y por opositores dialoguistas, algunos de los cuales fueron, hasta hace 24 horas, implacables críticos del poder sindical. Quizá sea una de las últimas banderas de Juntos por el Cambio que se terminaron arriando en estas horas.

Curiosamente, tras el triunfo de Javier Milei en el balotaje, en medio de las conversaciones sobre la reforma laboral entre Guillermo Francos, actual ministro del Interior, y la CGT, algunos referentes de La Libertad Avanza admitieron que había puntos de la propuesta que afectaban al sindicalismo, pero que fueron incorporados sólo para obligar a la dirigencia cegetista a negociar. Como el artículo que dinamitaba las cuotas solidarias, el recurso para financiar los gremios mediante aportes de todos los trabajadores de una actividad, afiliados o no. Pero el contenido más irritativo para el sindicalismo no sólo no desapareció del DNU, como había prometido Francos, sino que se endureció aún más. Algunos le echaron la culpa a Federico Sturzenegger, a cargo de la revisión final del decreto.

Si el Gobierno estaba dispuesto a quitar del DNU lo que molestaba a la CGT para encarrilar la relación con el gremialismo, ¿por qué no lo hizo antes? Así se hubiera evitado casi cinco meses de conflicto, con un paro general de 12 horas con movilización que se hizo el 24 de enero, una marcha de protesta prevista para el 1° de mayo y otra huelga de 24 horas que tendrá lugar el 9 de mayo. Incluso si hubiera propiciado un debate amplio y profundo sobre la legislación laboral, Milei podría haber logrado consenso de algunos sectores para cambios que no se pueden hacer unilateralmente.

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Javier Milei prometió un paquete de leyes "anti casta" en su discurso ante la Asamblea Legislativa del 1° de marzo (pool ARGRA)

(Rodrigo Nespolo/)

Ahora, con la marcha atrás que dio en materia laboral, Javier Milei dio una muestra de pragmatismo para tratar de sancionar la Ley Bases, que considera clave para su gobierno, pero un sector de su electorado podría quedar decepcionado por tanta condescendencia hacia la “casta sindical”.

A la luz de las últimas señales del Gobierno, sería lógico que naufraguen otras iniciativas que anunció Milei en su discurso del 1° de marzo para inaugurar el período de sesiones ordinarias del Congreso: un paquete de leyes “anti casta” que incluía dos propuestas duras contra el gremialismo: obligar a los sindicatos a elegir a sus autoridades en elecciones periódicas libres y supervisadas por la justicia electoral, con mandatos limitados por el tope de una sola reelección posible, y permitir que los convenios colectivos por empresa puedan primar por sobre los convenios colectivos del sector. “Vamos a terminar con esa locura de imponerle a la gente las condiciones laborales que define detrás de un escritorio un señor que no trabaja hace 30 años”, señaló el Presidente. Hoy, con la reforma laboral light que avaló en el Congreso, acaba de decidir que esa “locura” se haga realidad.

Hay algo curioso: con tanto recorte a la “modernización laboral”, parece que la CGT hubiera quedado a la vanguardia de Milei en ese rubro. Es que la central obrera difundió a mediados de abril un documento llamado “Agenda para un nuevo contrato social”, que utilizará para debatir sus ideas con otros sectores, y allí figura un primer capítulo, “Trabajo”, en el que acepta “avanzar hacia una legislación laboral adecuada a las características de la sociedad actual con sus nuevos derechos, que contemple los paradigmas tecnológicos y la capacitación técnica que demandada, afirmando a su vez los convenios colectivos por actividad como herramienta indispensable para ese cambio”.

La Cámara de Diputados debate en particular la Ley Ómnibus
Miguel Ángel Pichetto, el mejor operador político que tuvo la CGT en los últimos tiempos

Entre las propuestas de la CGT, que el gobierno libertario aún no contempla, figuran una nueva normativa de accidentes de trabajo que “haga centro en una efectiva política de prevención garantizando la seguridad y la salubridad en los ámbitos de trabajo”, una ley del primer empleo con beneficios impositivos a las pymes que contraten personal, la reforma del sistema integrado de inspección para garantizar avances en materia de precariedad e incumplimientos laborales y un programa nacional de lucha contra el trabajo precario, la informalidad y el trabajo infantil.

Por esas volteretas del destino, la CGT que impugnó el capítulo laboral del DNU termina aceptando el debate de cambios en la legislación y proponiendo ideas que van más allá de lo que el Gobierno se resignó a impulsar en el giro copernicano de su jibarizada “modernización laboral”. La motosierra de Milei, finalmente, hizo trizas una reforma ambiciosa que, decían, apuntaba a mejorar el mundo del trabajo y dejó intactos a los sindicalistas, esos miembros intocables y vitalicios de “la casta”.

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