Divididos por intereses, los gobernadores ejercen presión en el tramo final de la negociación por la Ley Ómnibus

La negociación por la nueva Ley Ómnibus está ingresando en la última etapa. El oficialismo apunta a iniciar el tratamiento en las comisiones la semana que viene y unos pocos días después en el recinto. Ven el camino más claro pero aún divisan obstáculos. Matices en algunos gobernadores que ya comprometieron su apoyo. Matices, que unidos, en las horas previas a una votación, pueden entorpecer el acuerdo político.

De los 24 gobernadores, hay 15 que se mostraron dispuestos a acompañar la nueva ley. Pero algunos plantearon reparos con el nuevo documento. Uno de ellos es el salteño Gustavo Sáenz, que el miércoles estuvo reunido con la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tratando de acercar posiciones.

De esa reunión, el Gobernador salió con el compromiso de que incluirían el capítulo tabacalero – que proponía que todas las empresas del sector paguen los mismos impuestos – que el Gobierno excluyó del borrador enviado la semana pasada. Así terminó de cerrar su respaldo político para que la ley se apruebe.

Sin embargo, en la Casa Rosada y el ministerio de Economía aseguran que el capítulo sobre el tabaco no estará incluido y que, en todo caso, será un tema para tratar más adelante. Una vez que se apruebe la Ley Ómnibus. Hay algunas contradicciones que unen Salta con Buenos Aires que aún no fueron resueltas.

Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) coincidieron en apoyar la ley y asegurar que los votos de sus legisladores serán positivos. Los dos primeros habían sido marcados como traidores por parte de Javier Milei, cuando el último proyecto fracasó en la Cámara de Diputados. Ahora se transformaron en aliados estratégicos a los que prefieren no insultar.

“Esta nueva ley, a diferencia de la anterior, tiene mayor capacidad para poder ser acompañada”, dijo Llaryora, que se quedó conforme con el retorno del impuesto a las Ganancias y las escalas propuestas por el Gobierno. Mientras tanto, y en paralelo, sigue pidiendo que el estado nacional le envíe lo que le debe de la caja previsional de Córdoba.

Pullaro, en tanto, mostró preocupación por la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que, tal como está redactado en el borrador, considera que podría afectar la industria provincial. “Estamos muy preocupados por el RIGI que le dan más competitividad a las industrias instaladas con una diferencia impositiva que perjudicaría la industria nacional”, sostuvo pocos días atrás.

En la Casa Rosada saben que el santafesino viene hace tiempo manifestando sus diferencias con ese punto, más allá de su voluntad de acompañar. Similar es la situación con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que ya dejó en claro que apoyará la nueva ley, pero desestimó la posibilidad de acompañar la restitución del impuesto a las Ganancias, que es parte del paquete fiscal enviado la semana pasada. “Para nosotros es imposible acompañar Ganancias porque es un golpe violentísimo para los trabajadores”, indicó el mandatario.

Los gobernadores del sur quieren que, en el caso de que vuelva el impuesto a las ganancias, el piso sea más alto que el propuesto por el Gobierno, de un salario de bruto de $1.800.000 para solteros y $2.000.000 para casados con hijos. Además, entre algunos de ellos hablaron de la posibilidad de intentar poner en discusión la coparticipación del impuesto al Cheque, que no está en consideración de la Casa Rosada.

Torres forma parte del bloque de gobernadores patagónicos, que también integran Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). La mayoría de ellos respaldarán, a través de los diputados que les responden, la votación en general de la ley. Y, además, acompañarían, a diferencia de Pullaro, la implementación del RIGI.

Sin embargo, el problema estará, al igual que en febrero del año pasado, cuando la votación ingrese en el tratamiento particular. Entre los gobernadores hay diferencias respecto al capítulo de privatizaciones, intervención de organismos públicos y fondos fiduciarios, entre un puñado de temas que están girando por las distintas mesas de negociación parlamentarias.

“El problema se puede generar si el Gobierno no sabe maniobrar bien la votación en particular, donde hay muchas diferencias respecto a las regiones. Si Milei se enoja y quiere levantar la ley por algún revés, ya no podrá salir con el discurso de la casta. Es responsabilidad del Gobierno”, sentenciaron en una de las gobernaciones más proclives a acompañar el proyecto.

El santacruceño Vidal volvió a ser recibido por Francos en los últimos días pero sigue sin haber acuerdo respecto a sus pedidos. Uno de ellos, de los más trascendentes, es sacar de la lista de empresas a privatizar al Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT). El mandatario patagónico es de los más duros. Al igual que Torres, ya manifestó en reiteradas oportunidades que no avalará el regreso del impuesto a las Ganancias.

En el peronismo hay una división bien marcada. Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) apoyan la ley. “Alguna herramienta hay que darle al Presidente”, sostienen en ambas gobernaciones. Los legisladores tucumanos rompieron el bloque de Unión por la Patria (UP) durante el tratamiento de la primera ley Ómnibus. Los cuatro diputados catamarqueños votarán a favor de la ley, aunque aún no se lo avisaron al presidente del bloque peronista, Germán Martínez.

La línea más dura de UP, integrada por Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa), no acompañará la ley. Es una postura inamovible desde el comienzo del año y el primer intento oficialista por querer lograr su aprobación en el Congreso. A ninguno le enviaron el borrador ni lo convocaron para negociar el paquete fiscal.

De ese grupo de desprende el santiagueño Gerardo Zamora, que se mueve haciendo equilibrio, y que esta semana recibió a Guillermo Francos en su provincia. El mandatario agradeció la buena predisposición y la visita, pero le confirmó al ministro del Interior que sus diputados no votarán la iniciativa oficialista. Fue un buen intento del Gobierno que obtuvo una respuesta negativa.

Los bloques dialoguistas siguen punteando temas y artículos. No hay un acuerdo político cerrado, aunque son varios los diputados que ven que el escenario está dado para que la ley salga. Al mismo tiempo, hay sectores que analizan si piden la inclusión de una recomposición salarial para los jubilados. Temas sensibles con los que aún existen muchas diferencias entre el oficialismo y la oposición.