La interna libertaria sembró dudas en los gobernadores sobre el futuro de la Ley Ómnibus y el Pacto de Mayo

No hay certidumbre política. Ese es uno de los problemas. Y es un tema que va en paralelo al plan económico de Javier Milei, que muchos gobernadores respaldan pese a considerar que es excesivo y peligroso. Pero son esos mismos dirigentes los que tienen dudas sobre la construcción de consensos por parte del Gobierno y su capacidad de generar lazos con la oposición dialoguista que le den estabilidad política a la gestión.

La ruptura del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados sacudió el micromundo de la política nacional. Si bien había varios mandatarios que venían percibiendo la inconsistencia del armado legislativo, no imaginaban el quiebre del bloque a cuatro meses de asumir. Un síntoma de debilidad muy marcado que siembra dudas en las negociaciones subterráneas del Congreso.

El corrimiento de Oscar Zago de la presidencia del bloque parece ser solo la punta del iceberg. Al menos así lo creen varios diputados nacionales que están inmiscuidos en las negociaciones por la ley Ómnibus y que siguen, con cierta incredulidad, los pormenores de la interna libertaria. “Esta situación, justo antes de la ley, complica todo. Rompen el bloque pocos días antes de arrancar el segundo round por la ley”, se quejó un legislador del sector dialoguista.

En la UCR, Hacemos Coalición Federal y el PRO creen que en esa oportunidad la ley va a salir. Pero, al mismo tiempo, anticipan que no hay un acuerdo político cerrado completamente. Es decir, faltan detalles en temas como las delegaciones de poderes, la modificación de los fondos fiduciarios y las privatizaciones de empresas públicas, que aún deben quedar claros en la negociación. Es un cuento que nunca se termina.

Lo que plantean en el sector dialoguista es que no puede volver a suceder lo de febrero, cuando el oficialismo fue al recinto de la Cámara de Diputados sin un acuerdo sólido y el tratamiento de la ley terminó fracasando. En la Casa Rosada aseguran que no cometerán los errores del pasado, que esta vez se siguió un camino de negociación más prolijo y que la mayoría de los gobernadores ya confirmaron su acompañamiento. Lo creen y lo dicen. Con absoluta seguridad.

La debilidad política y la falta de legitimidad de los negociadores es tan grande, que hay gobernadores y legisladores que evitan las sentencias firmes. Definen el proceso de negociación con dudas y reservas. Entonces, vuelven a existir, al igual que hace dos meses atrás, dos versiones de la realidad. Una que indica que la negociación está casi cerrada y otra que dice que está bien encaminada, pero con detalles importantes pendientes de definición.

“¿De verdad quieren aprobar la ley?”, se preguntó un gobernador del norte grande. Las dudas están ancladas en las desprolijidades y la falta de comunicación entre el Gobierno y los mandatarios. En estos últimos días los privilegiados fueron los diez mandatarios de Juntos por el Cambio (JxC), con los que el Ejecutivo negoció el regreso del impuesto a las Ganancias y a los que les envió el borrador de la Ley Ómnibus.

Ese mismo gobernador se quedó sorprendido cuando sus ministros regresaron de Buenos Aires con un mensaje de las segundas líneas del Gobierno. “Si no aprueban la ley, no habrá nada”, les dijeron, en referencia a la transferencia de fondos. Fue una amenaza disfrazada de advertencia. “Este gobierno es kirchnerismo duro. Te aprietan con la billetera”, se quejó.

Parece un déjà vu de febrero. Un sector de los gobernadores dejó entrever su fastidio por la imposibilidad de cerrar acuerdos y los desmanejos internos del Gobierno, mientras que los legisladores de los bloques dialoguistas están agobiados por tantas torpezas ajenas y cansados por tener, en muchos casos, que llevar adelante la iniciativa para lograr tratar los proyectos del oficialismo. “Siguen jugando un juego distinto al del Congreso”, se quejó un experimentado legislador que negocia con el oficialismo todas las semanas.

Uno de los gobernadores más enojados es el salteño Gustavo Sáenz, con el que la Casa Rosada tiene una relación con altibajos. Fue el encargado de organizar la reunión con Guillermo Francos, en Salta, donde un bloque de gobernadores del norte le manifestó al ministro del Interior la voluntad de acompañar la nueva ley y le pidió que haya definiciones sobre el paquete fiscal. Aquella fue una muestra de buena voluntad. Después no hubo demasiadas charlas más y el envión se fue atenuando.

Sáenz está desencantado con el Gobierno. No entiende qué quieren hacer más allá de la aplicación del plan económico. En esta última oportunidad elevó la voz porque fue excluido del proyecto de ley el capítulo tabacalero, que proponía que todas las empresas del sector paguen los mismos impuestos. Sáenz apuntó, sin nombrarlo, contra Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, que paga menos que sus competidores ya que tiene en la Justicia un amparo contra el impuesto mínimo al cigarrillo. Lo llamó “Señor Tabaco”.

La diputada Pamela Caletti, presidenta del bloque Innovación Federal, que responde políticamente a Sáenz, recibió el borrador de la nueva ley a través de un colega de otro bloque. La Casa Rosada no se lo mandó. Un hecho extraño, teniendo en cuenta que el oficialismo necesita del apoyo de ese bloque para garantizarse un margen en la aprobación de la ley. “Para todo son raros”, se quejó uno de los diputados de ese esquema. El Gobierno parece no interesarse por abrazar a los dialoguistas hasta el final del camino. Y, por momentos, los destrata. Un error político que puede costarle caro.

El santacruceño Claudio Vidal también está molesto con el Gobierno. Uno de los pedidos que hizo fue que se excluyera de la lista de empresas a privatizar el Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT). Cuando conoció el borrador de la ley – que no le fue enviado – tomó conocimiento de que no había sido quitado. “Insisten con querer privatizarlo. No la quieren ver. No tendrán nuestro apoyo”, aseguraron en Santa Cruz.

El gobernador patagónico ya había adelantado que no iba a apoyar la ley Ómnibus ni el Pacto del 25 de Mayo si el Gobierno no cedía en algunos de sus reclamos y no comenzaba a enviar fondos a la provincia. Nada de todo eso sucedió. En la agenda de Vidal no está viajar a Córdoba para la firma del pacto. Incluso está preparando, junto a varias intendencias opositoras, un gran desfile patrio.

El Pacto del 25 de Mayo está lejos de tener, a esta altura de año, viabilidad y acompañamiento masivo. Algunos gobernadores miran de reojo la situación, patean hacia adelante una definición y la dejan atada a lo que vaya a pasar con la nueva Ley Ómnibus. Saben que si el Gobierno vuelve a fracasar en su intención de sacar adelante el proyecto, entonces será complejo que se termine firmando el pacto. Se abrirá una nueva grieta entre algunas provincias y la nación.

A la Casa Rosada no le alcanza con tener el acompañamiento de los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio. Necesita solidificar la relación con los mandatarios de partidos provinciales o los peronistas más cercanos, como el catamarqueño Raúl Jalil o el tucumano Osvaldo Jaldo, para poder tener margen de acción en el Congreso. No es lo que está haciendo y por eso hay mandatarios que miran con preocupación el desarrollo de los hechos. Esperan cada vez menos capacidad de resolución de parte del oficialismo.

Si el proyecto de ley logra pasar el filtro de Diputados, luego el Gobierno deberá tejer nuevas alianzas en el Senado para poder lograr una mayoría. Justo en la cámara donde los gobernadores tienen una importante influencia y donde el peronismo, al igual que en la Cámara baja, tiene la primera minoría. El Gobierno confía en que aprobará la ley y le quita importancia a la ruptura del bloque de diputados. Es, claramente, un intento por amortiguar el golpe que significó el escándalo de los diputados libertarios. Una grieta con principio y sin final.