El Gobierno quiere implementar el Código Procesal Penal en todo el país para que los fiscales tengan más poder
El Gobierno anunció que intentará, en un plazo de seis meses, implementar el Código Procesal Penal Federal en todo el país. Mediante esa herramienta, le dará más poder a los fiscales para avanzar en el sistema acusatorio y con procesos orales que harán más rápidos los procesos judiciales. Una de las primeras ciudades en las que se avanzará es en Rosario, azotada por la violencia ligada al narcotráfico en los últimos tiempos.
Actualmente, ese Código, que se aprobó mediante la ley 27.063 en 2014, solamente se aplica en las provincias de Salta y Jujuy. Según informaron fuentes de la Casa Rosada con esta decisión se intenta “dotar a la justicia de mayor eficacia, transparencia y rapidez”.
El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, encabezó hoy en la Casa Rosada la “Primera Reunión del Consejo Asesor Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal Federal”, en la que se presentó la intención de que rápidamente el Código Procesal Penal se traslade a Rosario y que luego se extienda al resto de las jurisdicciones.
De la reunión del Consejo Asesor Interinstitucional que se realizó en el Salón de los Pueblos Originarios, con la asistencia de más de 120 invitados del ámbito judicial y político, participaron como expositores, además de Cúneo Libarona, el juez de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez y el presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, Mariano Borinsky.
En primera fila los escucharon la titular del ministerio de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich y su par de Interior, Guillermo Francos. Entre los asistentes también estuvieron, entre otros, el Procurador General de la Nación, Rodolfo Barra, los diputados nacionales Luis Juez y Juliana Santillán y el ex juez Ricardo Gil Lavedra, quien está al frente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF).
Al término de la reunión, en una conferencia de prensa, Cúneo Libarona contó que previamente se había reunido con el Presidente de la Nación para avanzar con esta reforma. Luego explicó que “queremos durante el gobierno de Javier Milei transformar a la justicia, respetando la división de poderes, con eficacia. Todas estas reformas que estamos emprendiendo tienden a que tengamos una justicia eficiente y una justicia rápida, que es por lo que clama la sociedad”.
“Hoy se dio un momento histórico en la justicia, que es el lanzamiento del programa para implementar en todo el país el ordenamiento procesal federal. Está probado que el sistema actual es ineficaz. Nuestra propuesta va a contribuir a mejorarlo”, añadió el funcionario.
Consultado sobre cómo se conseguirán los fondos necesarios para llevar adelante estas reformas, sostuvo que “hemos hecho un esfuerzo extraordinario, matemático, para poner esto en funcionamiento. No tenemos la posibilidad de crear polos judiciales o poner aviones. Pero, como dice el presidente Milei, con ganas se puede. Tenemos elementos, hemos conseguido los fondos. Revisamos la lista de inmuebles que tiene el Estado, vamos por los decomisos, rematamos los bienes y usamos los fondos”.
“Nos enfocamos en Rosario con celeridad, debido a la situación de clamor popular y de emergencia. Hemos viajado ya al Norte, hemos viajado a Cuyo, esta semana viajaremos a Rosario, posteriormente el plan es ir a Río Negro, a General Roca, a Neuquén, a Ushuaia. Aprovecho la Semana Santa y me reúno en Bariloche, donde hay cargos vacantes que cubrir”, detalló.
Si bien el Gobierno Nacional a través de un decreto que impulsó Cúneo Libarona había dispuesto que el Código Procesal Penal se implemente en Rosario desde este lunes 18 de marzo “para reforzar el apoyo institucional de los órganos que integran el sistema de justicia federal” la decisión quedó postergada para el 6 de mayo de este año. Incluso Rosatti tuvo que viajar de urgencia a la ciudad santafesina afectada por la violencia con hechos vinculados al narcotráfico para reunirse con la Cámara Federal rosarina, que integran los jueces Silvina María Andalaf Casiello, Anibal Pineda Fernando Barbara y Elida Isabel Vidal.
El Procurador Casal le envió entonces una carta a Cúneo Libarona en la que le enumeró las razones que obligaban a postergar la iniciativa. En los tribunales, desde diversos sectores, hicieron oír su postura. Reclamaron más tiempo, que se cubran vacantes, que se avance con la reorganización administrativa y edilicia de todos los edificios que pertenecen a la Cámara Federal de Rosario. Bajo esa órbita también están los juzgados federales de la capital provincial: Rafaela, Venado Tuerto y San Nicolás.
Cúneo anticipó además que “nosotros nos vamos a encargar, a través del Consejo de la Magistratura, de la remoción inmediata de los jueces que no se correspondan con una justicia eficaz”. Sobre la vacante en la Corte Suprema por el cargo que dejó vacante Elena Highton de Nolasco, quien se alejó en noviembre de 2021, el ministro afirmó que “lo de la Corte está en estudio, tenemos candidatos y candidatas en carpeta”. A fines de 2024, también cumple 75 años y se acogería a la jubilación, otro integrante del Tribunal Supremo, Juan Carlos Maqueda.
