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La futura ministra de Bolsonaro defiende un proyecto que aumenta penas a mujeres por abortar


En Brasil la despenalización del aborto está en manos de un caso que está tratando el Supremo Tribunal Federal pero la ministra busca anticiparse a cualquier fallo de la máxima corte impulsando el Estatuto del Nonato, que ya fue aprobado en comisión en 2010 pero que está sin trámite desde 2013.
"Vamos a establecer políticas públicas para el bebé en la panza de la madre en este país", dijo Alves durante un contacto con la prensa en la sede del gobierno de transición del presidente electo, Jair Bolsonaro, que asumirá el próximo 1 de enero.
El miembro informante de este proyecto fue el fervoroso evangelista y ex todopoderoso presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, hoy preso por corrupción, aliado del presidente Michel Temer y el mentor del juicio político que destituyó a Dilma Rousseff en 2016.
El proyecto fue aprobado en dos comisiones, está en la Comisión de la Mujer y resta que salte la de Constitución y Justicia antes de que se trate en el pleno de la cámara baja. Bolsonaro, quien tiene origen católico y se hizo evangelista en la última década, acusó durante la campaña al Partido de los Trabajadores de su rival Fernando Haddad de enseñar sexo a los niños de seis años.
Según las encuestas de Datafolha, aproximadamente el 70% de los evangélicos en Brasil votó por el candidato del Partido Social Liberal (PSL), un reconocido homofóbico y misógino durante sus discursos y declaraciones en casi tres décadas como diputado.

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Penas para quienes aborten

El Estatuto que quiere resurgir la futura ministra prevé aumentar de los actuales uno a cuatro años de prisión (que se cumple con sanciones alternativas a cuatro) a 10 años de cárcel efectiva por realizarse un aborto. La pena de aborto sin el consentimiento de la embarazada subiría de a 15 años de prisión.

Subsidio a quienes hayan sido violadas y no aborten

Otro de los temas, recordó el diario O Globo, más polémicos del estatuto es el llamado subsidio a las víctimas de una violación que quedan embarazadas. Este proyecto del diputado Cunha indica que la víctima de violación embarazada puede tener un subsidio para mantener a su hijo y renunciar al derecho de abortar que le otorga la legislación. El que debe pagar una mensualidad es el violador, pero si no puede ser identificado el dinero saldrá de las cuentas públicas, indica el texto.

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