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Anuncian la defensa del boliviano condenado a pena de muerte en Malasia


El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, explicó a los medios que se tomó contacto con la familia de Víctor Eduardo Parada Vargas y se efectuaron algunas acciones desde las embajadas de Bolivia en Japón y en Perú, ya que el país no cuenta con una representación diplomática directa en Malasia.
"Nosotros defendemos la vida, somos de la cultura de la vida, nuestra Constitución no contempla la pena capital, la pena de muerte. En ese sentido, tenemos una obligación de defender la vida de los bolivianos y por supuesto que lo vamos a hacer", dijo Rada, según cita la agencia de noticias EFE.
Rada indicó que si bien se trata del "ordenamiento jurídico de otro país", en toda nación "siempre hay instancias de juzgamiento, de apelación e incluso de indulto" y mencionó también que hay tratados internacionales "que defienden la vida", y agregó que la Cancillería boliviana dará próximamente un informe respecto a este caso.
Parada Vargas, de 30 años, vivió en la localidad de Benilloba, en la provincia de Alicante (este español), de 2002 a 2009, cuando fue expulsado de España a Bolivia por carecer de documentación. En 2013 fue detenido en Kuala Lumpur cuando trataba de introducir desde su país 450 gramos de cocaína repartidas en bolsas ingeridas, lo que inició un proceso judicial.
El 5 de enero el juez lo condenó por tráfico de drogas a la pena de muerte por ahorcamiento, decisión que ha sido recurrida en primera instancia. Según informó EFE, su madre sigue teniendo domicilio en Benilloba mientras que sus tres hermanas viven en la cercana localidad de Alcoy, donde todos trabajan teniendo la doble nacionalidad, y desde donde tratan de conseguir que la Justicia malaya no aplique la pena de muerte a Víctor.

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